El decreto 759/21 se especifica que en el texto enviado por el Poder Legislativo al Ejecutivo para su promulgación “se ha advertido un error material” en el punto b, supuesto b.2. Allí se detalla: “b) En las contrataciones de obra pública podrán realizarse licitaciones privadas, concursos de precios o contrataciones directas, en los siguientes supuestos: (…) Concurso de Precios: cuando la operación no exceda del equivalente a ciento cincuenta (200) veces el salario mínimo vital y móvil vigente”.

Esto implica que la manda fijada por la norma es difusa, ya que tiene tanto valor el “ciento cincuenta” como el “200” y el techo para que los Municipios hagan este tipo de operaciones de contratación no queda claro.

La iniciativa surgió de la diputada oficialista Carina Ramos y el texto fue consensuado con la bancada de Juntos por el Cambio.

“Este proyecto de ley que hoy traemos a tratamiento sobre tablas en la presente sesión es un proyecto que hemos presentado junto a los compañeros diputados Juan Pablo Cosso, (Julian) Maneiro y Esteban Vitor”, dijo Ramos en la sesión del 17 de marzo pasado, donde se trató el proyecto.

El error, según la información a la que accedió esta Agencia figuraba ya en el texto original presentado por la legisladora del Frente Creer. Y se trasladó al texto aprobado, sin despacho de comisión, en esa sesión. Luego fue girado al Senado, donde también fue aprobado sobre tablas sin pasar por comisión y luego de breves intervenciones de los senadores oficialistas Daniel Olano (Islas) y Marcelo Berthet (San Salvador). Allí tampoco se detectó la equivocación.

El veto fue comunicado a través de la Cámara de Diputados a la Legislatura en la sesión del miércoles pasado.

El apuro en sancionar la norma resultó contraproducente, dado que ahora las Cámaras deberán dejar pasar varias semanas para que el rechazo parcial del Gobernador quede firme y luego introducir un nuevo proyecto de ley con el texto corregido, que deberá ser aprobado en Diputados y en el Senado.

FUENTE: APF Digital