El conflicto que se suscitó a partir del último fin de semana, luego de que la Dirección General de Aduanas (DGA) acusara a siete firmas agroexportadoras radicadas en Argentina de sobrefacturar importaciones de soja, sigue escalando.

Una serie de datos obtenidos por Infocampo muestra que la polémica, lejos de amainar, sigue escalando: el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, realizó duras acusaciones en contra del organismo que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Concretamente, que todo lo que ha denunciado Aduana ha sido solo a través de los medios, pero que las empresas cuestionadas ni siquiera han sido informadas formalmente.

No obstante, desde Aduana, ante la consulta de este medio, le salieron al cruce y mostraron evidencia de que sí fueron notificadas y de cómo sigue la investigación.

EL CONFLICTO POR LAS IMPORTACIONES DE SOJA

Todo comenzó el domingo 26 de noviembre por la noche, cuando desde Aduana se emitió el siguiente comunicado: “Aduana investiga a 7 firmas argentinas por sobrefacturar importaciones de poroto de soja”.

“El efecto de las maniobras es el ahuecamiento de la base imponible de las operaciones en nuestro país y la fuga indebida de divisas. Las operaciones documentadas constituyen transgresiones al artículo 954 del Código Aduanero, que refiere a Declaraciones Inexactas. Las empresas podrían recibir multas millonarias”, indicó ese día el organismo fiscal.

Las firmas en la mira:

• Aceitera General Deheza
• Bunge Argentina
• Cargill SA
• Cofco International
• LDC Argentina SA (Louis Dreyfus Company)
• Molinos Agro SA (Molinos Río de la Plata)
• Viterra Argentina SA

Luego, además de estas sociedades mencionadas, se sumó Vicentin, a la que Aduana multó con $ 446.368.298.

LAS IMPORTACIONES DE SOJA CUESTIONADAS

Para las autoridades, en todos los casos investigado la maniobra consistió en “importar la mercadería directamente desde Paraguay, con refacturaciones de intermediarios radicados en otros países”.

Ya en las primeras horas del lunes siguiente, comenzado el 27 de noviembre, la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina (CIARA) salió a defenderse.

“Los cuestionamientos de la Directora General de Aduanas carecen de base, sin constancia en las empresas exportadoras. Los valores declarados se ajustan a las condiciones normales de mercado en el país de origen y de procesamiento”, puntualizaron.

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, calificó en esa oportunidad: “Inventar investigaciones contra empresas que invierten, generan empleos y divisas genuinas solo genera incertidumbre y pone en riesgo puestos de trabajo y flujos de exportación”.

“Es inaceptable que se siga persiguiendo a la agroindustria, pilar del país y parte central de la transformación productiva y exportadora que necesita Argentina”, dijo Idígoras en ese momento.

Pero el tenso intercambio no quedaría solamente allí.

El miércoles de esa semana, a 72 horas de la acusación original, Aduana volvió a la carga y aseguró que “Paraguay envió la factura comercial donde figuran valores inferiores a los declarados en Argentina. Esta información confirma que se sobrefacturaron importaciones”, puntualizaron.

“Esto descarta lo que dijo CIARA. La Aduana es un ente profesional que actúa conforme a la normativa vigente y al intercambio de información con otros países regido por acuerdos internacionales”, aseguró Guillermo Michel, titular de la Dirección General de Aduanas.

Allí fue que Aduana aplicó multas a dos: la mencionada a Vicentin, y a Cofco Int. Arg SA por $52.278.729.

Infocampo pidió a la Aduana por las facturas en cuestión, pero desde el cuerpo de funcionarios descartaron aportar esa información: “Por secreto fiscal esas facturas no se pueden difundir“.

GRAVE ACUSACIÓN DE CIARA

Esta semana el conflicto sumó un nuevo capítulo. Con motivo del tradicional brindis de fin de año de la Federación de Acopiadores en el recinto de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el líder de los aceiteros habló con los medios presentes y contestó acerca de este tema.

“Primero que nada, a nosotros nos sorprendió mucho, porque la Aduana nunca en la historia había sacado un comunicado de prensa un domingo a la tarde, y en segundo lugar hasta el día de hoy no ha notificado a las empresas de que existe una investigación en contra de las mismas, pero ya hizo dos comunicados”, remarcó Idígoras.

Y siguió: “En tercer lugar, la Aduana y la AFIP están reteniendo dólares de la exportación indebidamente”.

En este punto Idígoras plantea que allí estaría la motivación real de parte de los funcionarios ahora salientes. “Por ese hecho nosotros hemos presentado una acción judicial, creo que eso ha motivado la reacción de la Aduana para tratar de cubrirse”, teorizó.

El empresario explicó que lo que existe en la actualidad son “bloqueos de cobranza” por exportaciones de harina de soja, de aceite de soja, y otros productos de la industria del crushing.

Ante el pedido de este medio para dar con documentación del proceso, desde CIARA respondieron en la misma sintonía que en Aduana: “No son públicos”.

Todos cuentan con la particularidad de que son derivados de soja importada. Cabe recordar que este año nuestro país batió tristemente el récord de importación de soja importada desde los países limítrofes, principalmente Paraguay y Brasil, debido a que por la cruda sequía los productores no lograron abastecer la demanda de las plantas de procesamiento.

Ante este panorama, con su comentario, Idígoras buscó desacreditar la veracidad de lo comunicado por los funcionarios de Aduana.

“En cuarto lugar, la segunda reacción de la de dos facturas del año 2019 de Vicentin, que supuestamente encontraron en un archivo perdido en Paraguay y que fueron remitidas en noviembre del año 2023. Las mismas darían a entender que habría una subfacturación de $ 50 millones que, al día de hoy, esa cifra es menos de un 10% de un embarque de soja a la Argentina desde Paraguay”, comentó.

“No sé si quedó claro”, deslizó.

“YA SE LAS NOTIFICÓ”

Voceros de la Aduana esta semana informaron: “El último comunicado lo que había señalado es que se habían notificado solo a dos de las siete compañías, pero a todas estas ya les ha llegado la notificación”.

“A todas estas se las notificó de las multas que deben pagar”, informaron. Por eso, a la multa que ya se conocía de Vicentin SA. y Cofco Int. Arg SA, ahora ampliaron el listado con cuatro más:

• LDC: $ 270.545.546
• Oleaginosa Moreno: $ 264.452.887
• Bunge Argentina: $ 24.479.389
• Cargill S.A: $ 10.513.6133

“Acá no mentimos, lo que está, está ahí, documentado y enviado. Es todo cierto”, cerraron desde el organismo.

FUENTE: Infocampo