Una nueva instancia se planteó en el inicio de la semana en el caso que involucra a la cerealera Vicentin. El grupo agroexportador, que no logró aún superar los pasos judiciales que impiden pagar el acuerdo con acreedores y que derivó en el pedido de apertura de su procedimiento preventivo de crisis, decidió presentar ahora una querella en la Fiscalía Regional N°4 de Reconquista, quien lleva adelante la investigación contra Commodities, Olzen y Mariano Grassi por su supuesta participación en una multiplicidad de hechos que, a su criterio, configurarían delitos de estafa procesal y extorsión. El caso adquiere notoriedad porque el juez Santiago Banegas resolvió “hacer lugar a la participación como querellante de Vicentin en el proceso, poniendo en conocimiento al Ministerio Público de la Acusación” (MPA).

Según el escrito al que accedió este diario, la querella denuncia una estrategia detrás las maniobras coordinadas mediante diversos hechos que persiguen impedir el acuerdo entre Vicentin y sus acreedores, con el fin de tomar el control presuntamente irregular de la sociedad, mediante el montaje de sociedades en apariencia independientes, cuyos pedidos encontraron eco en funcionarios judiciales. En particular la querella de la cerealera apunta, con su denuncia, a Commodities SA por haber presentado una supuesta falsa denuncia contra Renova, acusándola de haber transferido a Vicentin una deuda pese a que Commodities verificó su crédito en el concurso. Eso se suma a haber cedido su crédito a sus accionistas y continuar agrediendo a Vicentin sin haber informado de esta cesión, para luego hacer creer al juez del concurso, Fabián Lorenzini, que la propuesta concursal conlleva evasión fiscal.

También señala en su denuncia que Commodities solicitó una medida cautelar de trámite irregular al Juez Posma (que hoy se encuentra en etapa de investigación penal en Rosario) para que este ordene al juez Lorenzini que se abstenga de homologar el concurso de Vicentin, y por haber llegado a pedir el juicio político del juez del concurso para intentar apartarlo del expediente. En la presentación cita a la firma Olzen Industria y Comercio de Cazados SA, que “mediante un poder a favor de los abogados Farina, Casanova, Mattos, Salvatierra, -luego representada por los abogados Feldman y Cosentino- realizó diversas acciones judiciales aparentemente independientes, pero todas ellas tendientes a obstaculizar el acuerdo de Vicentin con sus acreedores”.

La presentación alude luego a Mariano Grassi, que en el texto lo señala como “el autor intelectual del plan de adquisición de Vicentin presentado junto a CIMA -hoy CFS Advisors- (una ALYC del Mercado de Capitales), por ser la persona responsable detrás de estas sociedades, con el mismo patrocinio de los abogados Casanova, Mattos, Salvatierra, Feldman y Cosentino o por haber intentado llevar el concurso de Vicentin a Rosario, donde claramente tiene mayor influencia”.

Tras otras consideraciones, el escrito explica que “las víctimas de este plan orquestado son: la propia sociedad Vicentin SAIC; los verdaderos acreedores de la sociedad, que ven demorado el pago de sus acreencias en los términos del acuerdo concursal; y los trabajadores de Vicentin, que hoy se ven compelidos a enfrentar un procedimiento preventivo de crisis por causa de la pérdida de caja de la empresa, motivada por la demora de 2 años y medio en homologar (contados desde que se obtuvieron las mayorías).

Ante una consulta de este medio, Grassi señaló: “Como ellos se sienten victimas, [el juez] los dejó ser querellantes”. No obstante, consideró que no hay nada de análisis de fondo en la presentación de la querella.

FUENTE: La Nación Campo