Esta instancia se da para que regularizar a la empresa minera que viene funcionando desde 2017 sin los requisitos para su habilitación.

Esta situación es planteada a ERA Verde por el abogado Ricardo Luciano, quien presentó una impugnación a la documentación dada a conocer por “irregularidades administrativas”. Permitir que la empresa haya operado sin contar con los informes técnicos que se deben presentar previamente, señala el letrado, ha traído perjuicios a un campo vecino cuyo dueño representa en este reclamo, por el taponamiento del arroyo Cuartillo.

Del 6 al 10 de diciembre estuvo a disposición de la ciudadanía la documentación que tramita la Secretaria de Ambiente de Entre Ríos (SAER) dentro del expediente en que se tramita el Estudio de Impacto Ambiental de la planta de Lavado y clasificación de Arenas «El Arenal» (ex-VASA) de la minera Cristamine SA, ubicada en kilómetro 13, del camino vecinal Ibicuy-Mazaruca, en la ciudad de Ibicuy, departamento Islas. Esta instancia se dio en función de cumplimentar con el espacio de participación de la comunidad que tenía una reunión pautada para este 13 de diciembre, pero se postergó “hasta nuevo aviso” por duelo institucional, ya que falleció electrocutado un empleado de la comuna. Esta instancia se da «con miras de informar sobre el Impacto Ambiental de su actividad en el ejido de Ibicuy», se indicó en la convocatoria pública.

En este marco se abre la posibilidad de consultas e impugnaciones. Esto último es lo que precisamente ya se presentó por parte de Ricardo José Luciano, representante legal de Carlos Humberto Cadoppi, quien se ha manifestado perjudicado por el accionar de la empresa de extracción de arena silícea, el preciado material que se utiliza para el usa para el fracking petrolero en la cuenca neuquina de Vaca Muerta. Para estos casos, apuntó Luciano a ERA Verde, se da que “la audiencia pública es un requisito previo a los permisos que otorga el certificado de aptitud ambiental, que lo hace Ambiente o el municipio. En la audiencia pública, justamente, se ponen a consideración los Estudios de Impacto Ambiental”. Lo que sucede, explicó el letrado, es que la firma viene operando desde 2017 con irregularidades administrativas, según consta en intimaciones realizadas por la Secretaria de Ambiente y que “nunca fueron solucionadas. Pese a ello se la habilito sin requerir que cumplan con la ley vigente. Ahora, el 13 de diciembre, siete años después, van a tratar solucionar parte de las irregularidades convocando a una tardía audiencia pública”. Es por esto, continuó, presentó una impugnación a la información que da a conocer la Secretaría de Ambiente que da como válida esta instancia, ya que entiende “no corresponde”. Eso lo hace, según fundamenta, amparado en los artículos 19º, 20º y 21º de la Ley General del Ambiente Nº 25.675. “Si bien no es vinculante, tienen obligación de responder, punto por punto, dar su fundamento y hacerlo público”, afirmó.

Argumentos para impugnar

Al exponer razones, Luciano refirió a que cuando presentó un amparo ambiental por la operatoria irregular de las canteras de arenas en Ibicuy en el año 2022, “se clausuraron nueve areneras y cuatro plantas de lavado. Una de las areneras que se clausuró fue la de la empresa Aresil SA porque, justamente, no tenía hecha la audiencia pública. Luego se hizo la audiencia pública y la habilitaron. Pero Cristamine SA no hizo la audiencia pública. La Provincia y el municipio le otorgaron la habilitación. Cristamine tiene coronita”, ironizó el abogado para fundar su oposición. En este orden, expresó que “técnicamente, en el decreto Nº 4.977/09 que reglamenta los EIA se establece que tendría que haberse suspendido las actividades y la planta clausura para que regularice la situación y luego habilitarla. Pero no, se hizo todo al revés”, criticó. “Desde 2017 están trabajando sin autorización alguna y que deben hacer la audiencia pública”, reiteró.

Entre distintos aspectos técnicos y administrativos, en la impugnación a la que accedió ERA Verde, se hace mención a que las operaciones de Cristamine han impactado en las condiciones de escurrimiento y natural fluir de las aguas en la zona. En este sentido, se indicó que, si bien se presentan condiciones de terreno anegables propias de la región, así como otras características de instalación de terraplenes irregulares de terceros, la minera ha efectuado intervenciones que “prolongan” los problemas de inundación a los campos lindantes. Específicamente se señala que la firma ha obstruido el arroyo “El Cuartillo”, para lo cual incorporan imágenes satelitales en distintos períodos de altura de los ríos.

Finalmente, Luciano deja expreso en la impugnación que ya fue enviada que lo expuesto también será aportado como prueba a “una denuncia penal en curso en el Juzgado Federal de Gualeguaychú” donde apunta a encontrar responsables por el accionar irregular de este tipo de actividad.

FUENTE: Entre Ríos Ahora - ERA Verde