Noviembre comenzó con dificultades para los docentes de la provincia: junto a los recibos de sueldo llegaron la indignación y el malestar. A fines de septiembre, en el contexto del conflicto salarial docente, el Consejo General de Educación publicó la resolución Nº 2771, que exigía a los docentes cargar su propia asistencia por un período de 15 días para corroborar la adhesión a las medidas de fuerza. Esto generó incomodidad y un sentimiento de persecución que rápidamente se hizo eco en los gremios, quienes impulsaron medidas de revocatoria. Cuando parecía que la situación comenzaba a calmarse con la llegada del FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente) y la conectividad, los docentes entrerrianos se encontraron en sus recibos con el código 519: descuento por días de inasistencia (antes llamados “días de paro”). De forma aleatoria –como ha ocurrido en otras circunstancias–, muchos docentes vieron reducidos sus salarios entre 50 y 250 mil pesos.

Este panorama se suma al clima tenso y acelerado típico de fin de año en las escuelas. Esta semana, los medios provinciales publicaron una reciente modificación en el calendario escolar. El CGE tuvo tiempo suficiente para decidir cómo organizar el tercer trimestre y las comisiones evaluadoras, pero optó por hacerlo sobre la marcha, aumentando el malestar que se viene gestando desde el inicio del ciclo lectivo, en el marco del conflicto salarial que provocó marchas, manifestaciones, paros y asambleas.

Recientemente se informó que la instancia de integración de saberes para estudiantes de nivel secundario y sus modalidades será del 25 de noviembre al 6 de diciembre. Durante este período, los estudiantes participarán en una actividad diseñada para reforzar contenidos y competencias mediante nuevas estrategias metodológicas. Por otro lado, entre el 15 y el 22 de noviembre se incorporó la comisión evaluadora para estudiantes que hayan finalizado el cursado del secundario con materias pendientes de aprobación, garantizando la continuidad de actividades. Esto significa que aquellos estudiantes con materias previas que pensaban rendir en diciembre tendrán sus mesas de examen adelantadas 20 días. Y los docentes, en medio de esta organización, deberán hacer malabares para asistir a todas las jornadas institucionales de las escuelas donde trabajan (aunque se desarrollen fuera de su horario laboral), tomar exámenes y realizar instancias de integración casi al mismo tiempo. 

En caso de no aprobarse en la instancia de revisión la semana anterior, los alumnos regulares y libres podrán acceder a una mesa de examen, según la resolución 1582/11 del CGE. Desde la pandemia de Covid 19, el calendario escolar dejó de incluir mesas de exámenes y, en su lugar, implementó múltiples oportunidades de recuperación en las que los alumnos asistían en su horario habitual para que los docentes les expliquen nuevamente los temas y, además, los evalúen. Todo en no más de diez días. Este año continúa de la misma manera, pero se agrega una instancia más de comisión evaluadora en caso de que los estudiantes no hayan aprovechado todas las oportunidades que la resolución ofrece.

Dichas modificaciones implican que lo planificado quedará trunco, que los estudiantes no solo no terminarán de ver los contenidos sino que nuevamente verán perjudicadas sus clases por la afectación de los docentes a mesas examinadoras, que si bien se realizan “sin suspensión de actividades” ocupan todo un turno debido a la cuestión pedagógica y al desplazamiento de los agentes.

A todo lo mencionado se suma el estado del tiempo, que en esta época del año deja al descubierto más que nunca las condiciones de las escuelas de la provincia. Tanto el inicio como el final del ciclo lectivo se ven afectados por altas temperaturas, que exponen una de las caras más duras de la realidad educativa provincial: escuelas sin agua y ventiladores que no funcionan o no existen.

En este escenario de decisiones improvisadas, persecución, descuentos y una carga laboral cada vez más pesada, los docentes entrerrianos se enfrentan a un cierre de año que muestra la falta de diálogo y el escaso interés por construir una educación de calidad. Mientras se les exige compromiso y adaptabilidad para acatar disposiciones de último momento, las condiciones en las que desarrolla su tarea siguen iguales. Así, noviembre y diciembre se perfilan como el tramo final de una carrera de obstáculos donde docentes y estudiantes son los principales afectados, en una realidad que evidencia que la educación de calidad proclamada por el gobierno de turno será inalcanzable sin políticas que valoren verdaderamente a quienes sostienen el sistema día a día.

Milagros Taffarel