Mientras la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) calificó la medida como un "atropello a los estatales entrerrianos" y un "camino al ajuste", desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) advirtieron que el conflicto podría agravarse si la intervención busca recortar derechos.

Por su parte, UPCN expresó su desacuerdo pero instó a "abrir el diálogo" y conformar una comisión específica con participación gremial para buscar soluciones y optimizar el funcionamiento del organismo. En tanto, la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) rechazó categóricamente la decisión, calificándola de "arbitraria" y como un intento del gobierno de apropiarse del manejo de Iosper.

Las declaraciones de los gremios reflejan una creciente tensión en torno a la medida, que fue presentada como necesaria por el gobernador Rogelio Frigerio para garantizar la transparencia y el equilibrio financiero del organismo.

A continuación, las manifestaciones de cada sector:
 

En primer lugar, la Central de Trabajadores Argentina (CTA), consideró que la intervención "constituye un atropello a los estatales entrerrianos que eligieron sus autoridades para conducir la Obra Social. Esta medida intempestiva y unilateral no responde a ningún justificativo de transparencia u optimización de los servicios, sino que es lisa y llanamente un camino al ajuste".

"La situación del IOSPER no es ajena a la crisis estructural del sistema de salud y de las obras sociales en todo el país que arrastra varios años y que se vio agravada dramáticamente por las medidas del gobierno nacional a las que Frigerio ha acompañado incondicionalmente. A su vez, el ajuste sobre los salarios estatales y los 'montos en negro' han desfinanciado la obra social y complicado una frágil situación. No obstante, hasta fines de 2023 Iosper presentaba una situación de superávit. Si lo que interesa es la salud de los estatales de la provincia, el gobierno debería cumplir y normalizar los aportes patronales y fundamentalmente respetar la ley y la institucionalidad de la obra social", manifestó.

A su tiempo, la Asociación Gremial del Magisterio de entre Ríos (Agmer) se declaró en “estado de alerta permanente” y advirtió que “si el camino de la intervención es aplicar la tijera para recortar derechos y ajustar, el conflicto irá camino a agravarse”. Aseguran que la obra social de la provincia se desfinanció por la devaluación y la caída de salarios.

“Las trabajadoras y trabajadores entrerrianos venimos terminando un año muy conflictivo. Las negociaciones salariales provinciales estuvieron dominadas por ofrecimientos de montos en negro y por debajo de la inflación”, sostuvo el gremio docente.

“Los anuncios esgrimidos por las autoridades políticas no mencionan el ajuste feroz implementado por el gobierno nacional y provincial que castigó los salarios empobrecidos de los trabajadores y las trabajadoras entrerrianas. Dicha embestida comenzó con una devaluación de más del 120% de nuestra moneda que redujo en la práctica no menos de un 20% del poder adquisitivo de nuestros salarios. Tanto 'los montos en negro' como 'los salarios a la baja' desfinanciaron la obra social”, agregó.

“La ley de creación de Iosper prevé desde 1973 la participación en el Directorio de un representante del gobierno de turno y los mecanismos de auditorías. Iosper tiene más de 300.000 afiliadas y afiliados. Los mecanismos de control están previstos desde siempre. Si el camino de la intervención es aplicar la tijera para recortar derechos y ajustar, el conflicto irá camino a agravarse”, finalizó.

Por su parte, UPCN solicitó se conforme una comisión específica con la participación de los gremios, para trabajar de manera conjunta “con el objetivo de mejorar y optimizar a la obra social”. Además consideró oportuno “abrir el diálogo a fin de buscar soluciones de fondo”.

“Valoramos y honramos a nuestra obra social, que es la obra social de un gran número de entrerrianos, por lo tanto es nuestra intención seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, en pos de mejorarla y optimizarla”, indicó el Sindicato conducido por José Ángel Allende, luego de que Frigerio anunciara la intervención del Iosper.

Si bien expresó no estar de acuerdo con la decisión, UPCN remarcó que “la intervención es una facultad que el Gobierno tiene, que no está por fuera de lo legal”. “Tomamos la palabra del gobernador al indicar que se trabajará de manera conjunta y en equipo con los representantes de los trabajadores y, en respuesta, le aseguramos que allí estaremos”, se apuntó además.

En ese sentido, el sindicato entendió que “para poder realizar ese acompañamiento, sería conveniente que se conforme una comisión específica con la participación de los gremios”.

Luego resaltó: “Estaremos atentos a que se cumpla lo expresado por el gobernador respecto a que el servicio y las prestaciones del Iosper no se verán afectados en esta etapa. Consideramos sumamente importante que se conserve la habitual cobertura de la salud de nuestros afiliados”.

Más tarde, la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales consideró que la intervención es "una medida que claramente responde al objetivo del Gobierno de apropiarse de su manejo, vulnerando los derechos de los trabajadores y de los aportantes".

"En los últimos años, IOSPER ha demostrado una gestión eficiente, con superávit financiero y económico, y con un constante aumento y mejora en las prestaciones. Sin embargo, desde diciembre de 2023, las políticas nacionales, como la devaluación y el otorgamiento de incrementos no remunerativos a los trabajadores provinciales y municipales, generaron ingresos muy por debajo de la inflación, ocasionando un déficit que hoy se utiliza como excusa para justificar esta medida arbitraria", dice el comunicado firmado por Mario Barberán.

"FESTRAM no permitirá que esta intervención se consolide. Junto con nuestros gremios de base, tomaremos todas las acciones necesarias para garantizar que IOSPER sea dirigido por un Directorio Obrero, como lo establece la legislación vigente. Defendemos el derecho de los trabajadores a contar con una obra social que les brinde seguridad, transparencia y servicios de calidad", finalizaron y respaldaron al director por el Agrupamiento Municipal, Adrián Gómez, quien según la FESTRAM "ha demostrado un compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos y las necesidades de los trabajadores municipales".

FUENTE: Análisis Digital