Báez consiguió en 24 horas autorización para ingresar una notebook y Urribarri pidió trabajar en la panadería
Los dos exfuncionarios entrerrianos condenados por corrupción realizaron solicitudes particulares ante las autoridades de la Colonia Penal El Potrero, en Gualeguaychú. Mientras Pedro Báez obtuvo autorización para recibir a su hermano e ingresar una computadora portátil, el exgobernador Sergio Urribarri solicitó incorporarse al sector de panadería, donde trabajan alrededor de 100 internos. Las declaraciones de la jueza Cecilia Bértora reavivaron los interrogantes sobre las condiciones de alojamiento, los criterios de autorización y la igualdad de trato dentro del establecimiento.

La Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú vuelve a quedar en el centro de la atención por las condiciones de alojamiento y los procedimientos administrativos que se aplican dentro del establecimiento. Esta vez, los protagonistas son dos exfuncionarios del gobierno entrerriano condenados por corrupción: el exgobernador Sergio Urribarri y el exministro de Comunicación Pedro Báez, quienes realizaron solicitudes particulares ante las autoridades de la Colonia Penal El Potrero.
Los pedidos son diferentes, pero ambos abren interrogantes sobre los criterios que utiliza el Servicio Penitenciario para otorgar autorizaciones y garantizar que las mismas reglas se apliquen al conjunto de la población carcelaria.
URRIBARRI: DEL ALOJAMIENTO SEPARADO A UN PEDIDO PARA TRABAJAR CON OTROS INTERNOS
Sergio Urribarri llegó a la Unidad Penal N.º 9 el 11 de septiembre de 2026. Desde sus primeros días de detención, su seguridad personal fue motivo de preocupación, luego de que trascendieran episodios de hostilidad, insultos, exigencias económicas y amenazas que habrían sido protagonizados por otros internos.
Según distintas publicaciones periodísticas, el exgobernador habría optado inicialmente por permanecer dentro de su celda y evitar los espacios comunes, como el patio, la biblioteca y la cancha de fútbol, para no exponerse a situaciones de conflicto.
La situación llegó al ámbito judicial. Incluso el sacerdote Rubén Melchiori, quien lo visitó en el establecimiento, manifestó que lo había encontrado «con mucho miedo» y describió su sufrimiento como «espantoso».
Posteriormente, trascendió que Urribarri permanecía alojado en un sector separado del resto de la población penitenciaria, bajo condiciones especiales de resguardo.
Sin embargo, el escenario podría modificarse. El pasado 18 de noviembre, la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, confirmó durante una entrevista con el programa televisivo Cuestión de Fondo, de Canal 9 Litoral, que el exmandatario había solicitado incorporarse a una actividad laboral dentro de la unidad.
«Urribarri pidió trabajar», expresó la magistrada. Ante la consulta sobre la tarea elegida, precisó: «En la Unidad Penal número 9, pero pidió ir al sector panadería, se ve que le interesaba esa función en particular».
Bértora explicó que en ese sector trabajan alrededor de 100 internos y que las solicitudes deben ingresar en una lista de espera. También indicó que se evalúan las condiciones personales, las habilidades y las posibilidades de aprendizaje de quienes pretenden incorporarse a las actividades laborales.
Durante la entrevista, el periodista planteó una aparente contradicción: Urribarri había solicitado permanecer separado del resto de los internos por razones de seguridad, pero ahora pretende incorporarse a un espacio de trabajo compartido.
«La verdad es que es un contrasentido esto», reconoció Bértora.
La cuestión abre interrogantes sobre cómo se compatibilizaría una eventual incorporación a la panadería con las condiciones especiales de resguardo que motivaron su alojamiento separado. ¿Compartirá efectivamente el espacio de trabajo con los demás internos? ¿Tendrá horarios diferenciados? ¿Se establecerán medidas particulares de seguridad?
Por el momento, la solicitud deberá seguir el procedimiento administrativo correspondiente.
BÁEZ: UNA AUTORIZACIÓN RESUELTA EN APENAS 24 HORAS
En paralelo, Pedro Báez, exministro de Comunicación de Entre Ríos, también realizó una presentación particular ante las autoridades penitenciarias.
De acuerdo con la documentación conocida, el 14 de noviembre solicitó autorización para que su hermano pudiera ingresar al establecimiento en calidad de visitante. Pero el pedido incluyó además el permiso para introducir una computadora portátil marca Samsung.
El dato que llama la atención es la rapidez de la respuesta administrativa: la presentación fue realizada el 14 de noviembre y, según la documentación, al día siguiente, el 15, ya contaba con la autorización correspondiente. Es decir, el trámite habría sido resuelto en apenas 24 horas.
El ingreso de una computadora portátil a un establecimiento penitenciario requiere condiciones específicas de autorización, control y utilización. Por eso, la decisión plantea una serie de preguntas que las autoridades deberían aclarar: ¿cuál será el destino del equipo?, ¿dónde permanecerá?, ¿quién podrá utilizarlo y bajo qué condiciones?, ¿qué controles de seguridad se establecieron?
También resulta pertinente conocer si existen antecedentes de autorizaciones similares para otros internos y cuáles son los requisitos que deben cumplir para acceder a ellas.
El derecho de las personas privadas de libertad a mantener contacto con sus familiares no está en discusión. El interrogante pasa por conocer si el procedimiento aplicado en este caso responde a criterios objetivos y a las mismas exigencias administrativas que se imponen al resto de la población penitenciaria.
BÉRTORA Y UNA ADVERTENCIA SOBRE EL INGRESO DE DROGAS Y CELULARES
En la misma entrevista televisiva, la jueza Cecilia Bértora se refirió a otro de los problemas que atraviesa el sistema penitenciario: el ingreso de drogas y teléfonos celulares a las cárceles.
Consultada sobre cómo llegan estos elementos a los establecimientos pese a las requisas, las cámaras y los procedimientos de seguridad, la magistrada fue contundente: «Hay funcionarios infieles, seguro».
Bértora explicó que estas situaciones pueden producirse por controles deficientes sobre las visitas y los internos que regresan de salidas autorizadas, pero también por la participación directa de agentes penitenciarios.
«Hay una requisa mal hecha, tanto respecto de las visitas como de los internos que están con salidas y regresan a la Unidad Penal, o tal vez simplemente sean funcionarios que ya de por sí ellos ingresan drogas o celulares», manifestó.
La jueza también advirtió sobre la existencia de grupos de internos que presionan a otros presos y a sus familiares mediante exigencias económicas, además de la posibilidad de que determinadas organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.
Sus declaraciones cobran relevancia en un contexto en el que se discuten las condiciones de ingreso de dispositivos electrónicos y los mecanismos de control sobre las autorizaciones especiales dentro de los establecimientos penitenciarios.
EL INTERROGANTE DE FONDO: ¿LAS MISMAS REGLAS PARA TODOS?
Los casos de Báez y Urribarri vuelven a poner sobre la mesa una discusión que excede la situación particular de dos exfuncionarios condenados por corrupción: la transparencia de los procedimientos administrativos y la igualdad de condiciones dentro de las unidades penitenciarias.
No se trata de cuestionar el derecho de las personas privadas de libertad a recibir visitas, acceder a herramientas de trabajo o participar de actividades educativas y laborales. Se trata de conocer si las autorizaciones se conceden bajo criterios uniformes, si existen controles suficientes y si los tiempos administrativos son los mismos para todos.
¿Por qué el pedido de Báez para recibir a su hermano e ingresar una computadora portátil fue autorizado en apenas 24 horas? ¿Qué condiciones se establecieron para la utilización de ese dispositivo? ¿Cuánto debe esperar un interno sin exposición pública para obtener una autorización semejante?
En el caso de Urribarri, ¿qué requisitos deberá cumplir para incorporarse a la panadería? ¿Se respetará el mismo orden de prioridades que para los demás internos? Y, fundamentalmente, ¿cómo resolverá la conducción de la UP9 la aparente contradicción entre las condiciones de alojamiento separado por razones de seguridad y su eventual incorporación a un ámbito laboral compartido con alrededor de un centenar de personas?
Son preguntas que requieren respuestas institucionales. Porque, más allá de los nombres y de la relevancia pública de quienes protagonizan estos episodios, el funcionamiento de una unidad penitenciaria debe garantizar reglas claras, controles efectivos y un trato igualitario para todas las personas privadas de libertad.
FUENTE: Máxima
























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