Denunciaron malos tratos en la Unidad Penal 9 y la Justicia provincial deberá investigar
Seis presos federales alojados en la cárcel de Gualeguaychú denunciaron agresiones, irregularidades en las requisas y deficiencias en la atención sanitaria. La Cámara Federal de Paraná determinó que el caso debe tramitar ante la Justicia provincial porque los agentes señalados pertenecen al Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
Seis internos federales alojados en la Unidad Penal N° 9 “El Potrero” de Gualeguaychú denunciaron malos tratos, presuntas arbitrariedades durante las requisas y deficiencias en la atención sanitaria dentro del establecimiento. Tras un conflicto de competencia entre tribunales federales, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió que las actuaciones deben quedar en manos de la Justicia provincial.
La situación comenzó el 10 de agosto, cuando los internos del Pabellón “Módulo E” comunicaron a las autoridades penitenciarias que habían sufrido malos tratos por parte de agentes del establecimiento. También plantearon cuestionamientos respecto de las requisas realizadas en sus celdas.
Frente a la gravedad de las denuncias, el 27 de agosto, las defensoras públicas oficiales María José Bonifacino y Paulina Di Pretoro solicitaron una audiencia virtual urgente con las autoridades de la Unidad Penal. La presentación se realizó en el marco de distintos expedientes federales en los que los denunciantes se encuentran imputados o condenados.
Las defensoras también señalaron problemas vinculados con la atención de salud mental. Según la denuncia, los internos no contarían con asistencia psicológica o psiquiátrica, situación que habría derivado en ataques de ansiedad, episodios de pánico y alteraciones de conducta.
A esto se sumaron cuestionamientos por la respuesta del área de sanidad ante emergencias médicas y por restricciones que, según lo planteado, afectarían las condiciones de vida y derechos básicos de los detenidos.
Ante esta presentación, la jueza federal subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, Analía Graciela Ramponi, encuadró el planteo como un hábeas corpus, bajo la Ley Nº 23.098, al considerar que los hechos denunciados podían constituir una agravación ilegítima de las condiciones de privación de la libertad.
Sin embargo, la magistrada se declaró incompetente territorialmente y entendió que debía intervenir el juzgado correspondiente al lugar donde se encontraban físicamente alojados los internos. Por esa razón, inicialmente dispuso remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Gualeguaychú.
El fiscal general interino, José Ignacio Candioti, había coincidido inicialmente con ese criterio y consideró que la ubicación de la unidad penitenciaria determinaba la competencia territorial.
El expediente llegó entonces a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Beatriz Estela Aranguren, Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez, que analizó el planteo y resolvió el conflicto el 28 de agosto.
Los camaristas determinaron que el hecho de que los denunciantes sean presos federales no convierte automáticamente a la Justicia Federal en competente para investigar las presuntas irregularidades denunciadas.
El punto central de la resolución fue que los hechos señalados involucrarían a personal del Servicio Penitenciario Provincial, dependiente del Gobierno de Entre Ríos, y no a funcionarios o dependencias nacionales.
Por ese motivo, la Cámara confirmó que el juzgado federal de Concepción del Uruguay no debía intervenir en el fondo del planteo, pero también rechazó que el expediente quedara en manos del Juzgado Federal de Gualeguaychú.
La resolución ordenó finalmente remitir las actuaciones a la Justicia Provincial de Gualeguaychú, para que se determine qué magistrado deberá intervenir en la investigación de las denuncias.
No obstante, la Cámara también dispuso medidas urgentes respecto de la situación de los internos. Debido a que continúan a disposición del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, ordenó al director de la Unidad Penal N° 9, Lucas Ariel Dufour, adoptar las medidas necesarias para garantizar la salud y seguridad de los detenidos.
Además, estableció que las autoridades penitenciarias deberán informar de manera inmediata al juzgado federal sobre los resguardos implementados.
Así, la resolución no solo definió qué fuero deberá avanzar sobre las denuncias, sino que también puso el foco en las condiciones de alojamiento y en la obligación de garantizar la integridad de los presos federales que cumplen sus detenciones en una unidad dependiente del sistema penitenciario provincial.
FUENTE: UNO Entre Ríos / Máxima
