El Hospital Centenario espera pagos del PAMI en medio de una deuda récord con la salud pública entrerriana
El organismo nacional mantiene una deuda superior a los $1.700 millones con 57 efectores públicos de Entre Ríos, entre ellos el Hospital Centenario de Gualeguaychú. La situación se conoce mientras el propio PAMI admite que las demoras responden a problemas presupuestarios y aumentan los reclamos de los jubilados por medicamentos y prestaciones.
El Hospital Centenario de Gualeguaychú figura entre los establecimientos públicos de salud que aún esperan cobrar prestaciones brindadas a afiliados del PAMI, en el marco de una deuda que el organismo nacional mantiene con la red sanitaria de Entre Ríos y que ya supera los 1.704 millones de pesos.
La información surge de una respuesta oficial que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) entregó ante un pedido de acceso a la información pública. La documentación revela que son 57 los efectores públicos entrerrianos alcanzados por la deuda, entre hospitales generales, geriátricos, instituciones de salud mental y la sociedad estatal Salud Entre Ríos S.E., responsable de centralizar la facturación hospitalaria provincial.
Aunque el informe no pone el foco exclusivamente sobre Gualeguaychú, el Hospital Centenario aparece dentro de la nómina de instituciones que continúan esperando el pago de prestaciones médicas ya realizadas a jubilados y pensionados. En la práctica, esto implica que el hospital continúa brindando atención a los afiliados del PAMI mientras debe afrontar con recursos provinciales el funcionamiento cotidiano del servicio, a la espera de que Nación regularice los pagos correspondientes.
La situación no es exclusiva de Gualeguaychú. El detalle oficial muestra que el mayor acreedor es Salud Entre Ríos S.E., con una deuda cercana a los 238 millones de pesos, seguida por el Hospital Fidanza de Paraná, el Geriátrico Pascual Palma, el Hospital Brage Villar de Hasenkamp y el Hospital Sagrado Corazón de Basavilbaso. También aparecen establecimientos de Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Federación, Federal, La Paz y otras localidades de la provincia, configurando un escenario que alcanza prácticamente a toda la red pública de salud.
Uno de los aspectos más relevantes de la respuesta oficial es que el propio PAMI reconoció las dificultades para cumplir con los pagos. Ante la consulta sobre los plazos de cancelación de las prestaciones, la Gerencia Económico Financiera evitó establecer un tiempo promedio y explicó que las transferencias dependen de las partidas presupuestarias que periódicamente gira el Ministerio de Economía de la Nación. Incluso admitió que la disminución de la recaudación nacional impacta directamente sobre la disponibilidad de fondos y, por lo tanto, sobre la posibilidad de cancelar las deudas con los hospitales públicos.
La explicación oficial confirma que los efectores sanitarios vienen financiando con recursos propios prestaciones que corresponden a la obra social nacional. En otras palabras, los hospitales atienden hoy y cobran cuando existen fondos disponibles, una situación que se prolonga desde hace meses y que afecta la planificación financiera de cada institución.
La documentación también permite conocer cómo se compone esa deuda. De los más de 1.700 millones de pesos pendientes, alrededor de 1.174 millones corresponden al sistema de Facturación Unificada, implementado por el propio PAMI desde 2024 para centralizar el cobro de las prestaciones, mientras que otros 530 millones pertenecen al sistema tradicional de facturación. Paradójicamente, el mayor atraso se registra precisamente en el mecanismo administrativo que el organismo impulsó para unificar los pagos a los hospitales públicos.
Pero el informe oficial no sólo expone la situación financiera del organismo. También ofrece un panorama del creciente malestar entre los afiliados. Durante 2024 el PAMI recibió 11.176 reclamos en la Unidad de Gestión Local XIV, que comprende gran parte de Entre Ríos. En 2025 esa cifra ascendió a 12.921, mientras que en los primeros meses de 2026 ya se habían acumulado 4.764 nuevas presentaciones.
La mayoría de esas quejas está relacionada con el acceso a medicamentos gratuitos, tratamientos especiales, médicos de cabecera, provisión de pañales, elementos para personas con discapacidad e insumos médicos. De hecho, los problemas vinculados con medicamentos representan el principal motivo de reclamo de los jubilados entrerrianos, reflejando las dificultades que atraviesa uno de los servicios más sensibles de la obra social.
A ese escenario se suma otro dato que evidencia el deterioro económico de los afiliados. Según la propia Gerencia de Medicamentos del PAMI, los jubilados entrerrianos que acceden al subsidio social para obtener cobertura total de sus remedios pasaron de 45.358 personas a fines de 2023 a 54.186 durante 2025, un incremento cercano al 20%. Esto significa que casi nueve mil jubilados más debieron acreditar que no podían afrontar el costo de sus tratamientos para continuar accediendo gratuitamente a la medicación.
Al mismo tiempo, la cartilla médica también muestra un retroceso. Mientras el padrón de afiliados continúa creciendo, la cantidad de médicos de cabecera disponibles descendió de 195 profesionales en 2023 a 170 en la actualidad, una reducción del 13% que se refleja en el aumento de reclamos por dificultades para acceder a consultas médicas.
El panorama deja en evidencia una doble presión sobre el sistema sanitario. Por un lado, hospitales públicos como el Centenario de Gualeguaychú continúan sosteniendo con recursos provinciales prestaciones que corresponden al PAMI, mientras esperan que Nación regularice una deuda millonaria. Por otro, los propios jubilados enfrentan mayores dificultades para acceder a medicamentos, profesionales e insumos, en un contexto donde la demanda aumenta y la capacidad de respuesta del organismo nacional muestra crecientes limitaciones.
FUENTE: Análisis
