El Ministerio Público Fiscal recusó a Carlomagno en la causa de los contratos en la Legislatura
El planteo fue presentado por el fiscal Leandro Dato, quien cuestionó la imparcialidad del presidente del STJ para intervenir en el tratamiento de recusaciones vinculadas al expediente.
El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos presentó una recusación contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno, para que no intervenga en la Sala Penal en el tratamiento de recusaciones vinculadas a la megacausa conocida como “Contratos Truchos” en la Legislatura provincial.
El planteo fue formulado por el fiscal Leandro Dato, quien sostuvo que Carlomagno ya emitió opiniones sobre aspectos centrales de la investigación en una instancia anterior, cuando actuó como integrante del Jurado de Enjuiciamiento en un pedido de jury contra el fiscal Ignacio Aramberry, uno de los responsables de la investigación penal del caso.
Según el escrito presentado por el Ministerio Público Fiscal, esas manifestaciones fueron realizadas en un ámbito extrajudicial pero contienen valoraciones directas sobre la investigación que actualmente está bajo análisis en el STJ. En ese sentido, se argumentó que tales pronunciamientos coinciden con planteos que las defensas de los imputados vienen sosteniendo durante el proceso, lo que pondría en duda la imparcialidad del magistrado.
El planteo también cuestiona algunos de los argumentos expuestos por Carlomagno en aquella oportunidad dentro del Jurado de Enjuiciamiento, señalando que incluyeron apreciaciones críticas sobre la actuación de los fiscales y sobre el desarrollo de la investigación. Para el Ministerio Público Fiscal, estas valoraciones implican una toma de postura previa que impediría al magistrado intervenir con neutralidad en el análisis del expediente.
La recusación surge en un momento clave del proceso, ya que la Sala Penal del STJ debe intervenir en un recurso de queja presentado por defensores de imputados en la causa de los contratos irregulares en la Legislatura. Dicho recurso fue presentado luego de que la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos rechazara un recurso de impugnación extraordinaria a fines del año pasado.
La investigación judicial analiza presuntas maniobras realizadas entre 2008 y 2018 mediante la confección de contratos laborales apócrifos en la Legislatura entrerriana, que habrían sido utilizados para desviar fondos públicos.
Antes de resolver el recurso de queja, el tribunal debe definir su integración definitiva. Actualmente ese proceso enfrenta nuevas dificultades debido a las recusaciones planteadas contra tres vocales del STJ: Daniel Carubia, Claudia Mizawak y el propio Germán Carlomagno, lo que mantiene en suspenso la conformación del tribunal que deberá intervenir en el expediente.
FUENTE: Entre Ríos Ahora
