Entre Ríos recibe 10 mil denuncias anuales por violencia de género y busca mejorar la respuesta del Estado
El Superior Tribunal de Justicia trabaja en el desarrollo de un Sistema Interinstitucional de Abordaje de las Violencias (SIAV), que busca conectar a la Justicia, la Policía, los servicios de salud y otros organismos. La vocal Laura Soage advirtió sobre la falta de recursos y la fragmentación institucional, y explicó que la herramienta permitirá identificar indicadores de riesgo y agilizar las medidas de protección.
En Entre Ríos se reciben alrededor de 10 mil denuncias anuales por violencia de género en la Justicia, una cifra que refleja la magnitud de una problemática que continúa creciendo pese a los esfuerzos de distintos sectores del Estado.
Así lo señaló Laura Soage, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien advirtió sobre las dificultades para dar respuestas eficaces ante la cantidad de casos, la limitada disponibilidad de juzgados y la falta de equipos interdisciplinarios suficientes.
“Es un número prácticamente inabordable de la manera que debería poder ser abordado”, sostuvo la magistrada, al explicar que la intervención estatal no termina con la recepción de una denuncia. También es necesario controlar las situaciones de violencia y garantizar que las medidas de protección dispuestas lleguen efectivamente a las víctimas.
En ese contexto, el STJ convocó a representantes de universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil para intercambiar perspectivas sobre el Sistema Interinstitucional de Abordaje de las Violencias (SIAV), una herramienta que busca mejorar la coordinación entre los organismos que intervienen en estos casos.
Un Estado que necesita trabajar de manera coordinada
Soage explicó que, en muchas ocasiones, las personas que sufren violencia deben recorrer distintas instituciones para conseguir protección, mientras que los organismos estatales trabajan de manera fragmentada y no siempre comparten información relevante.
“Una víctima recurre a algún organismo o incluso a la Justicia y hay que aplicar una medida de protección, porque una víctima que denuncia a su pareja no puede seguir viviendo en el mismo techo. Entonces, necesita un alojamiento seguro”, ejemplificó.
La magistrada señaló que, ante situaciones de este tipo, puede ocurrir que un juez o una jueza deba gestionar personalmente un lugar donde alojar a la víctima, debido a la falta de mecanismos de coordinación entre las instituciones.
A partir de esas dificultades surgió la idea de desarrollar una infraestructura tecnológica que vincule a los organismos involucrados. El sistema fue creado con recursos propios del Poder Judicial y se organiza en distintos módulos que se implementarán progresivamente.
Un formulario para detectar situaciones de riesgo
El primer módulo del SIAV apunta a homogeneizar la recepción de las denuncias y mejorar la calidad de la información recopilada desde el primer contacto con la víctima.
Según explicó Soage, las preguntas que se realizan y los datos que se registran pueden variar según quién tome la denuncia y su nivel de capacitación. Esto puede provocar que se omita información relevante para determinar el riesgo que atraviesa una persona.
La falta de datos puede obligar a citar nuevamente a la víctima para completar su declaración, lo que genera situaciones de revictimización y demora las respuestas.
El formulario busca evitar esas dificultades mediante la recopilación sistemática de información y la identificación de indicadores de riesgo. A partir de algoritmos elaborados por el propio Poder Judicial, el sistema puede generar alertas sobre situaciones que requieren atención urgente y sugerir posibles medidas según el tipo de violencia detectada.
La vocal aclaró que la herramienta no reemplaza la decisión de los jueces, sino que les proporciona un panorama más completo para evaluar cada caso y actuar con mayor rapidez.
Este primer módulo ya comenzó a probarse en juzgados de Paz de la provincia. Además, se realizaron capacitaciones para el personal que trabaja en esas dependencias y se inició una etapa de formación destinada a las autoridades policiales, que también podrán acceder al formulario para tomar denuncias.
La intención es extender posteriormente su aplicación a los juzgados de Familia y a otras áreas del Estado.
Alojamiento seguro y acompañamiento integral
El segundo módulo, denominado “Alojamiento Seguro”, apunta a centralizar el historial de cada víctima en un legajo único. Allí se podrá consultar dónde se realizaron las denuncias, cuáles son los datos relevantes de la situación y qué medidas de protección se adoptaron.
El sistema también permitirá consultar los lugares de alojamiento disponibles y conocer la cantidad de camas existentes en cada establecimiento. A partir de esa información, la Justicia podrá gestionar el ingreso de la víctima y sus hijos, mientras que la institución receptora deberá responder a la solicitud e informar los motivos en caso de que no pueda recibirlos.
El tercer módulo buscará conectar a las áreas de salud con el resto del circuito de atención, para facilitar el acompañamiento posterior, incluida la asistencia psicológica cuando sea necesaria, y la articulación con las fuerzas de seguridad.
La propuesta pretende que las distintas instituciones puedan actuar de manera coordinada, evitando la pérdida de información y mejorando la respuesta frente a situaciones que requieren intervenciones urgentes.
Falta de recursos y medidas urgentes
Consultada sobre las dificultades que enfrenta la Justicia para atender las denuncias, Soage reconoció que la cantidad de casos supera las posibilidades de respuesta de las estructuras disponibles.
“Nos faltan recursos, es limitada la cantidad de juzgados que tenemos, es limitada la cantidad de equipos interdisciplinarios”, afirmó.
La magistrada recordó que, según la normativa, estas situaciones requieren la adopción de medidas en un plazo de 24 horas, lo que representa un desafío frente al volumen de denuncias y la necesidad de evaluar cada caso.
En ese sentido, explicó que el formulario no se limita a registrar el relato de la víctima, sino que incorpora preguntas orientadas a identificar situaciones de violencia que pueden no ser reconocidas inicialmente como tales, además de relevar las condiciones de vida y el contexto de la persona denunciante.
Una herramienta que todavía está en etapa de prueba
Soage remarcó que el SIAV se encuentra en una etapa de implementación y evaluación, debido a la complejidad y sensibilidad de la problemática.
El objetivo, sostuvo, no es solamente incorporar tecnología, sino modificar la forma en que los organismos se relacionan y asumen sus responsabilidades.
“Debemos pensar que la víctima no tiene cómo saber a dónde y cómo poder denunciar este tipo de situaciones. Y como Estado debemos estar en condiciones de dar respuesta”, afirmó.
La vocal también señaló que las reuniones interinstitucionales permitieron detectar superposiciones de funciones y procedimientos que no siempre quedaban registrados o eran comunicados a otros organismos.
Por eso, consideró fundamental avanzar hacia una estrategia compartida: “Es necesario estar conectados para poder dar una respuesta eficaz”.
El desafío del sistema será transformar esa coordinación en respuestas concretas, con mejores mecanismos para detectar riesgos, garantizar medidas de protección y acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia de género.
FUENTE: Entre Ríos Ahora
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