Un dictamen de la Procuración respaldó que la investigación a Kueider por enriquecimiento ilícito siga en Entre Ríos
El Ministerio Público de la Nación consideró que la pesquisa sobre la evolución patrimonial del ex senador debe continuar en la Justicia provincial. La decisión final sobre la disputa entre tribunales quedará en manos de la Corte Suprema.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex senador nacional Edgardo Kueider sumó un nuevo capítulo judicial. La Procuración General de la Nación emitió un dictamen en el que sostuvo que la causa que se desarrolla en Entre Ríos puede continuar su curso y recomendó rechazar el pedido realizado por la Justicia Federal de San Isidro para asumir parte de la investigación.
La opinión, firmada el 28 de mayo, fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organismo que deberá resolver el conflicto de competencia planteado entre los tribunales federales y provinciales.
La controversia surgió a raíz de una denuncia que vinculó a Kueider con presuntas irregularidades investigadas dentro de la denominada causa Securitas. En ese expediente se analizan supuestos pagos indebidos realizados por la empresa de seguridad privada para obtener contratos con distintos organismos públicos.
A partir de esa conexión, la Justicia Federal de San Isidro planteó que ciertos movimientos patrimoniales del ex legislador, especialmente entre 2015 y 2019, podrían estar relacionados con hechos investigados en aquella causa y solicitó que la Justicia entrerriana se inhibiera de avanzar sobre ese período.
Sin embargo, los tribunales de Entre Ríos rechazaron ese planteo. Tanto el Juzgado de Garantías de Concordia como la Cámara de Apelaciones entendieron que la investigación sobre el crecimiento patrimonial de Kueider durante su desempeño en cargos provinciales corresponde a la órbita local y que no existe una coincidencia plena entre los hechos analizados en ambos expedientes.
En su dictamen, la Procuración coincidió con esa postura. El organismo señaló que la investigación provincial se encuentra en una etapa preliminar y que resulta prematuro limitar su alcance. Además, destacó que un eventual incremento patrimonial injustificado puede responder a diversas causas y no necesariamente a los hechos que son objeto de análisis en la causa Securitas.
El Ministerio Público también recordó que el delito de enriquecimiento ilícito posee características propias y que no exige, como condición indispensable, la acreditación previa de otro delito específico que explique el origen de los bienes investigados.
Respecto al riesgo de una eventual doble persecución penal, argumento central del planteo formulado desde San Isidro, la Procuración reconoció que se trata de una preocupación válida, aunque consideró que no corresponde resolverla mediante una inhibitoria en esta instancia procesal.
Según sostuvo, será responsabilidad de los jueces intervinientes analizar, a medida que avance la investigación, si existe una superposición concreta de hechos que pudiera afectar el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho.
Con este pronunciamiento, la Procuración recomendó rechazar el pedido formulado por la Justicia Federal y permitir que la investigación entrerriana continúe desarrollándose. La definición definitiva, sin embargo, dependerá de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras tanto, Kueider continúa bajo la lupa judicial en distintos frentes. Por un lado, la pesquisa provincial busca determinar si existió un crecimiento patrimonial injustificado durante más de veinte años de actividad pública. Por otro, la Justicia Federal mantiene abiertas líneas de investigación vinculadas a la presunta trama de corrupción revelada en el caso Securitas.
Aunque el dictamen no implica una valoración sobre la responsabilidad del ex senador, sí representa un respaldo institucional para que la Justicia entrerriana avance con la investigación iniciada en su contra.
FUENTE: Análisis Digital
