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JUSTICIA Y EJECUCIÓN DE PENAS

Urribarri seguirá bajo la órbita de Cecilia Bértora tras la reorganización de la Justicia de Ejecución Penal

La Sala N° 1 en lo Penal definió cómo se repartirán los aproximadamente 1.100 legajos entre las dos magistraturas de Ejecución de Penas de Paraná. El expediente del exgobernador, al igual que los de Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, continuará bajo la intervención de la jueza Cecilia Bértora.

Imagen de noticia Urribarri seguirá bajo la órbita de Cecilia Bértora tras la reorganización de la Justicia de Ejecución Penal
RADIO2820
03 de octubre de 2026

La reorganización del sistema de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná ya tiene definido el mecanismo mediante el cual se distribuirán los legajos entre las dos magistraturas que tendrán competencia en la capital provincial. La decisión tiene una consecuencia directa sobre uno de los casos de mayor exposición pública: el expediente del exgobernador Sergio Urribarri continuará bajo la intervención de la jueza Cecilia Bértora.

La Sala N° 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia estableció un criterio objetivo para distribuir las causas: el último dígito del número de legajo.

De acuerdo con la nueva regla, la Magistratura 1, a cargo de Cecilia Bértora, tendrá los expedientes cuya numeración termine en 5, 6, 7, 8 y 9. En tanto, la Magistratura 2, a cargo del juez Jorge Gabriel Sueldo, intervendrá en los legajos que finalicen en 0, 1, 2, 3 y 4.

La definición completa la reorganización dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia, que había resuelto incorporar una segunda magistratura para atender la competencia en materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Para ello se dispuso utilizar temporalmente un cargo de juez de Garantías de Paraná.

Urribarri continuará con Bértora

La consecuencia más relevante para el caso del exgobernador es que Urribarri continuará bajo la órbita de Cecilia Bértora.

Lo mismo ocurrirá con los legajos correspondientes al exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y al cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera. Los tres se encuentran actualmente alojados en la Unidad Penal N° 9 Granja El Potrero, de Gualeguaychú, donde cumplen las condenas que quedaron firmes luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los recursos extraordinarios de sus defensas.

Urribarri fue condenado a ocho años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que Báez y Aguilera recibieron penas de seis años y seis meses de prisión.

La nueva distribución no implica, por lo tanto, el traspaso del expediente de Urribarri al nuevo juez Sueldo. Su incorporación a la estructura de Ejecución de Penas no modifica la magistratura que interviene en su caso, ya que el número de legajo lo ubica dentro del grupo asignado a Bértora.

Una regla objetiva para repartir las causas

Cuando el Superior Tribunal de Justicia dispuso la incorporación de una segunda magistratura, había quedado pendiente establecer qué expedientes quedarían en manos de cada juez.

Ahora esa cuestión fue resuelta mediante un mecanismo que no contempla la gravedad del delito, el nombre de la persona condenada, la trascendencia pública del expediente ni la fecha de ingreso de la causa.

El criterio elegido es exclusivamente numérico: los legajos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9 serán tramitados por Bértora, mientras que los terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 quedarán bajo la competencia de Sueldo.

De esta manera, la Sala Penal estableció una regla que permite determinar de antemano qué magistrado tendrá competencia sobre cada expediente, sin necesidad de resolver individualmente la asignación de cada causa.

En el caso de Urribarri, la continuidad de Bértora no responde entonces a una decisión específica vinculada con el exgobernador, sino a la aplicación de esta regla general sobre la numeración de su legajo.

¿Por qué se incorporó un segundo juez?

La reorganización responde a la cantidad de expedientes que concentra actualmente el sistema de Ejecución de Penas de Paraná. El juzgado cuenta con aproximadamente 1.100 legajos, una cifra que llevó al Poder Judicial a ampliar temporalmente la estructura.

La ejecución de una condena no termina con la sentencia. Una vez que una pena queda firme, el juez de Ejecución debe intervenir en las distintas situaciones que pueden surgir durante su cumplimiento: cómputos de pena, régimen de cumplimiento, condiciones de alojamiento, traslados, informes penitenciarios, audiencias y otros institutos previstos por la legislación.

Con la incorporación de Sueldo, ese universo de expedientes queda dividido entre las dos magistraturas. En términos aproximados, si la distribución fuera proporcional, cada una tendría a su cargo algo más de 500 legajos, aunque la cantidad efectiva dependerá de la composición concreta de los expedientes existentes.

La situación de Urribarri después de su traslado a Gualeguaychú

Urribarri, Báez y Aguilera comenzaron a cumplir sus condenas durante septiembre, luego de que las sentencias quedaran firmes. Inicialmente estuvieron alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná y posteriormente fueron trasladados a la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.

En ese proceso intervino Bértora, quien además mantuvo una audiencia de conocimiento con los tres condenados. La nueva distribución confirma ahora que la magistrada continuará teniendo competencia sobre sus legajos.

La reorganización del sistema, por lo tanto, no altera la situación procesal ni las condenas de Urribarri, Báez y Aguilera. Lo que establece es quién tendrá a su cargo las decisiones judiciales vinculadas con la etapa de ejecución de esas penas.

Así, mientras el juez Jorge Sueldo asumirá una parte de los nuevos legajos, Cecilia Bértora continuará interviniendo en el expediente del exgobernador Urribarri y en los correspondientes a Báez y Aguilera, debido al criterio numérico establecido por la Sala Penal.

La nueva regla también tendrá aplicación hacia adelante: cada legajo que ingrese al sistema será asignado a una de las dos magistraturas según su último dígito, estableciendo un mecanismo de distribución previsible y uniforme para la Justicia de Ejecución de Penas de Paraná.


FUENTE: El Entre Ríos

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