Sergio Urribarri pidió prisión domiciliaria por un trastorno de estrés postraumático
La defensa del exgobernador sostiene que padece un trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos y que, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, sufrió un episodio depresivo mayor grave. También argumentó que su condición lo convertiría en una persona de riesgo dentro de una cárcel superpoblada.
La defensa del exgobernador Sergio Urribarri solicitó al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná que suspenda la ejecución de la condena y le permita cumplir la pena bajo prisión domiciliaria, principalmente por razones vinculadas con su estado de salud.
El pedido fue presentado por su abogado Leopoldo César Cappa, luego de que la Corte Suprema dejara firmes las condenas de la Megacausa. La defensa ofreció como lugar de cumplimiento una vivienda de calle Néstor Garat 291, en Concordia, donde Urribarri vive junto a su esposa, Ana Lía Aguilera.
El argumento central es un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos de despersonalización. Según el escrito, Urribarri comenzó el tratamiento el 18 de diciembre de 2025 y continúa bajo atención del psiquiatra Julio Horacio Curotto, con medicación a base de sertralina, clonazepam y armodafinilo.
Además, la defensa sostiene que el jueves, luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema, Urribarri debió recibir atención médica de urgencia por un episodio depresivo mayor grave, tras lo cual se habría reforzado su medicación antipsicótica y antidepresiva.
A este argumento se suma la preocupación por las condiciones de alojamiento en la Unidad Penal N°1 de Paraná. Cappa sostiene que la condición de Urribarri como dos veces gobernador de Entre Ríos podría convertirlo en una persona de alto riesgo dentro de una cárcel superpoblada. Por ese motivo, pidió que el Servicio Penitenciario informe si puede garantizar su integridad física sin necesidad de mantenerlo aislado.
La defensa ofreció al psiquiatra Curotto como perito de parte y, de manera subsidiaria, solicitó que se realice una evaluación por parte del Cuerpo Médico Forense.
El pedido adquiere particular relevancia porque Urribarri tiene 68 años, por lo que todavía no alcanza la edad de 70 años prevista por la Ley 24.660 como uno de los supuestos para acceder a la prisión domiciliaria. Por ello, su defensa fundamenta la solicitud principalmente en su estado de salud y en la presunta incompatibilidad de su situación con el cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario.
FUENTE: Análisis Digital
