Entre Ríos analiza que los padres paguen por los operativos realizados debido las amenazas en las escuelas
El gobierno provincial evalúa avanzar con acciones civiles para que los responsables de menores que realicen intimidaciones afronten los costos de los despliegues policiales.
Ante la reiteración de amenazas en establecimientos educativos, el gobierno de Entre Ríos comenzó a definir una estrategia que apunta a trasladar los costos de los operativos de seguridad a los padres o tutores de los menores involucrados. La medida fue analizada en una reunión interministerial que reunió a autoridades del Consejo General de Educación (CGE), la Policía, el Copnaf y el área de Justicia.
Del encuentro participaron, entre otros, el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el jefe de Policía de la provincia, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; y el juez penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto. Allí se evaluaron alternativas legales frente a una problemática que viene en aumento en distintas localidades entrerrianas.
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de avanzar por la vía civil, a través de una figura de reparación por daños y perjuicios. De esta manera, más allá de las limitaciones que pueden existir en el ámbito penal por la edad de los menores, se buscará que los adultos responsables afronten los gastos generados por cada intervención.
Desde el gobierno señalaron que cada amenaza —ya sea de bomba o de tiroteo— implica la activación de protocolos que demandan un importante despliegue de recursos humanos y materiales. Esto incluye móviles policiales, brigadas especializadas, tecnología y personal que se ve afectado a estas situaciones, generando un costo significativo para el Estado.
En ese sentido, se remarcó que estos operativos representan un perjuicio económico concreto, ya que implican la utilización de recursos que podrían destinarse a la prevención del delito u otras áreas prioritarias.
El encuadre legal de la medida se apoya en lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, que determina la responsabilidad de los progenitores por los daños causados por sus hijos menores de edad. En función de ello, la provincia avanzaría en acciones judiciales para recuperar los gastos en aquellos casos donde los autores ya hayan sido identificados.
Según se informó, a partir del trabajo de investigación y rastreo tecnológico, las fuerzas de seguridad lograron individualizar a gran parte de los responsables de las amenazas registradas en el último tiempo.
Durante la reunión, además, se estimó que el costo total de los operativos realizados hasta el momento supera los 250 millones de pesos, cifra que refleja la magnitud del problema.
Por otra parte, desde la mesa de trabajo —de la que también participa el Copnaf— se hizo hincapié en la necesidad de reforzar el rol de las familias en el control del uso de dispositivos digitales por parte de los menores. Las autoridades remarcaron que este tipo de acciones no deben ser interpretadas como bromas, sino como conductas que generan alarma social y tienen consecuencias legales y económicas.
La iniciativa forma parte de una serie de medidas que la provincia analiza para abordar de manera integral una problemática que afecta tanto al sistema educativo como a la seguridad pública.
FUENTE: Gobierno de Entre Ríos
