OSER muestra mejoras en sus indicadores, pero mantiene interrogantes sobre deudas, compras y la intervención del ex IOSPER
La respuesta oficial a un pedido de acceso a la información pública permitió reconstruir parte de la situación económica y asistencial de la obra social. El déficit habría disminuido en términos reales y también cayó la judicialización de prestaciones, pero la deuda con prestadores y proveedores se multiplicó 19,4 veces entre 2022 y 2025. Además, el organismo no informó los montos de 2.375 contrataciones directas y derivó a otros organismos las consultas sobre las irregularidades que dieron origen a la intervención del IOSPER.
La Obra Social de Entre Ríos (OSER) respondió un extenso pedido de acceso a la información pública presentado para conocer aspectos vinculados con su situación económico-financiera, balances, estructura institucional, prestaciones, contrataciones y antecedentes de la intervención del extinto Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).
La respuesta, emitida el 19 de agosto de 2026 y acompañada por distintos anexos digitales, permite observar una situación con luces y sombras. Por un lado, la actual gestión exhibe una reducción del déficit, una caída en la cantidad de amparos judiciales vinculados con prestaciones, una mayor cobertura de medicamentos y una reducción en los plazos de pago a las droguerías.
Pero, al mismo tiempo, la documentación contable permite reconstruir un fuerte incremento de la deuda con prestadores y proveedores. El pasivo pasó de $4.010.346.360,83 al cierre de 2022 a $9.419.916.520,43 en 2023; luego ascendió a $55.481.753.355,14 en 2024 y alcanzó los $77.800.013.864,97 en 2025. De esta manera, la deuda se multiplicó 19,4 veces en tres ejercicios, con el mayor salto concentrado entre 2023 y 2024.
El contraste aparece con mayor claridad al observar el último ejercicio. Mientras OSER informó que el déficit institucional pasó de unos $25.000 millones en 2024 a aproximadamente $23.600 millones en 2025, una reducción nominal del 5,6% y del 28,2% en términos reales según sus propios cálculos, la deuda con prestadores aumentó en más de $22.300 millones durante ese mismo período.
La obra social sostuvo además que durante 2023, 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026 no recibió adelantos ni aportes extraordinarios del Tesoro provincial destinados a cubrir déficit. También informó un ahorro de aproximadamente $4.500 millones producto de una renegociación de deuda, aunque no detalló con qué acreedores se concretó ni bajo qué condiciones.
En cuanto a los medicamentos, OSER informó que durante el período analizado se cubrieron 96.367 recetarios adicionales. El gasto pasó de aproximadamente $86.000 millones en 2024 a $99.000 millones en 2025. A su vez, la obra social indicó que logró reducir de unos 130 a 90 días el plazo de pago a proveedores de medicamentos y que avanzó en la regularización de deudas históricas.
Otro de los indicadores destacados por la gestión es la reducción de la judicialización. Durante 2025 se registraron, según la información remitida, 2.561 acciones de amparo en toda la provincia: 1.094 correspondieron a Paraná y 1.467 al interior. Durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 804 acciones, de las cuales 446 fueron en Paraná y 358 en el interior. La comparación con el mismo período del año anterior arroja una reducción de 695 acciones, equivalente al 46,4%.
Sin embargo, el propio detalle entregado por OSER contiene una pequeña inconsistencia. En un tramo de la respuesta se afirma que durante 2025 hubo 1.467 amparos en el interior, mientras que posteriormente se sostiene que la suma de los doce meses fue de 1.465. La suma de los valores mensuales consignados en el documento da 1.467, por lo que el segundo dato aparece como un error de dos unidades dentro de la propia respuesta oficial.
En materia de estructura institucional, OSER informó que la presidencia está a cargo de Mariano Gallegos y la vicepresidencia de Ricardo García. La conducción se completa con representantes de los trabajadores estatales y docentes y las distintas gerencias y asesorías.
La Resolución D Nº 049/2026, dictada el 9 de junio, modificó esa estructura al eliminar la Gerencia General y la Unidad de Coordinación General. Según el organismo, la decisión tuvo como objetivo simplificar los niveles de conducción, optimizar los circuitos administrativos y reducir costos.
La obra social señaló que el costo mensual de los haberes correspondientes al escalafón jerárquico preexistente rondaba los $135 millones y que la modificación permitió generar ahorros. También indicó que durante 2025 se produjo un ahorro de $1.244 millones en cargos directivos respecto de la estructura que tenía IOSPER.
No obstante, la documentación salarial incorporada como anexo deja algunos interrogantes. La planilla continúa incluyendo una línea correspondiente a la Gerencia General y otra correspondiente al asesor farmacológico, pese a que el cuerpo de la respuesta sostiene que esos cargos fueron eliminados o que el profesional renunció a percibir los haberes correspondientes. La explicación podría encontrarse en que se trata de una escala teórica y no de una liquidación efectiva, aunque la documentación no lo aclara.
La evolución del personal también muestra una reconfiguración. La planta permanente pasó de 448 agentes en 2023 a 423 en 2024, 406 en 2025 y 391 en 2026. En paralelo, desaparecieron las categorías de locación de servicios y locación de obra y fueron reemplazadas por la figura de contratos temporarios, que registró 348 agentes en 2025 y 303 en 2026.
OSER atribuyó este cambio a una política destinada a eliminar los denominados contratos "en negro" y afirmó que se desvincularon más de 100 personas que, según la administración, no prestaban servicios efectivos. Sin embargo, la respuesta no acompañó documentación individual que permita verificar esas desvinculaciones.
La información sobre afiliados, por su parte, permite reconstruir un universo de 181.934 titulares si se suman las distintas categorías informadas por el organismo. Esa cifra no aparece expresamente consignada como total en la respuesta, sino que surge de la suma de los datos parciales.
Uno de los puntos más llamativos aparece en las contrataciones directas por vía de excepción. OSER entregó un listado de 2.375 contrataciones correspondientes a 2023, 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026: 805 en 2023, 542 en 2024, 612 en 2025 y 416 durante 2026.
El documento permite identificar proveedor, expediente administrativo, expediente SIAF, fecha y área o afiliado requirente. Sin embargo, no informa el monto económico de ninguna de las operaciones.
La ausencia de ese dato impide conocer cuánto dinero representaron en conjunto esas 2.375 contrataciones. Se trata de una información especialmente relevante porque los expedientes SIAF citados en cada registro corresponden al sistema de administración financiera donde se registra la imputación presupuestaria de las operaciones.
Otro aspecto controvertido está relacionado con las razones que llevaron a la intervención del IOSPER. El pedido solicitaba información sobre las irregularidades administrativas, eventuales sobreprecios y actuaciones que habrían fundamentado la intervención dispuesta mediante el Decreto Nº 3675/24.
En este punto, OSER sostuvo que la documentación producida por la Comisión Fiscalizadora Permanente correspondía al ámbito del Poder Ejecutivo y de los organismos de control competentes, principalmente el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Por esa razón, derivó al solicitante hacia esos organismos.
La misma respuesta se utilizó para las consultas relacionadas con cirugías y prestaciones que habrían sido postergadas por falta de insumos o prótesis. Según OSER, esos antecedentes deberían ser requeridos al Tribunal de Cuentas o al Poder Ejecutivo provincial.
La documentación sobre convenios prestacionales también presenta diferencias según el año. Mientras que los listados correspondientes a 2023, 2024 y 2025 contienen principalmente el nombre del prestador y el número de resolución, el correspondiente a 2026 incorpora datos adicionales como vigencia, estado del convenio, expediente de renovación y CUIT.
Esto permite un seguimiento más completo de los convenios actuales, pero dificulta reconstruir con la misma precisión la situación histórica. Incluso se detectó un error de rotulación en las planillas, donde una hoja identificada externamente como correspondiente a 2023 aparece internamente con el título de convenios vigentes de 2024.
El dato de mayor impacto surge, finalmente, del análisis de los estados contables. La Nota 11 de Cuentas por Pagar permitió reconstruir la evolución de la deuda total con prestadores y proveedores entre 2022 y 2025. El crecimiento fue particularmente pronunciado entre 2023 y 2024, cuando pasó de $9.419 millones a $55.481 millones.
Dentro de ese total, la deuda con farmacias pasó de $1.507 millones en 2022 a $30.538 millones en 2025. La deuda con médicos pasó de $584 millones a $10.046 millones, mientras que la correspondiente a sanatorios aumentó de $628 millones a $13.203 millones durante el mismo período.
El dato adquiere especial relevancia porque esos números surgen de los estados contables aprobados y entregados por la propia obra social como parte de la respuesta al pedido de información pública. Sin embargo, no fueron explicitados en el cuerpo de la contestación, que puso el foco principalmente en la reducción del déficit y otros indicadores favorables.
El conjunto de la documentación permite, de este modo, construir una fotografía más compleja de la situación de OSER. La gestión exhibe resultados positivos en determinados indicadores: menor déficit real, menos amparos, mayor cobertura de medicamentos, reducción de plazos de pago y disminución de cargos jerárquicos.
Pero el mismo conjunto documental muestra una deuda con prestadores que alcanzó casi $77.800 millones en 2025, 2.375 contrataciones directas cuyos montos no fueron informados y una serie de cuestiones vinculadas con la intervención del IOSPER que el organismo deriva hacia otras dependencias estatales.
La respuesta no implica necesariamente un incumplimiento de la normativa de acceso a la información pública, dado que la Ley Nº 27.275 establece la obligación de entregar información existente y no necesariamente de elaborar nuevos informes o análisis. Sin embargo, el contraste entre el nivel de detalle ofrecido sobre los indicadores favorables y la derivación de aquellos aspectos más sensibles deja planteados nuevos interrogantes que podrían requerir pedidos de información específicos ante OSER, el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
FUENTE: Análisis Digital
