Resolución judicial: La planta de efluentes del PIG seguirá operativa bajo un estricto esquema de controles ambientales
El Juzgado Federal de Gualeguaychú resolvió reemplazar momentaneamente la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial por un sistema de control permanente. La resolución advierte que, ante nuevos episodios contaminantes o incumplimientos, la medida de cierre podrá volver a aplicarse.
El juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, resolvió sustituir la clausura de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial por un esquema de control permanente que permitirá mantenerla en funcionamiento, aunque bajo condiciones estrictas de fiscalización ambiental.
La medida establece doce campañas de muestreo a cargo del INTI durante un trimestre, monitoreo diario de los efluentes y supervisión de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. Además, advierte que la clausura podrá volver a ordenarse si se detectan nuevos episodios contaminantes o incumplimientos.
La resolución de Viri establece un esquema de medidas que condice con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Pedro Rebollo, en la última audiencia que tuvo lugar en el juzgado federal de Gualeguaychú.
Doce campañas de muestreo en tres meses
Uno de los puntos centrales de la resolución que se conoció este miércoles 11 de noviembre, es la intervención del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que deberá realizar doce campañas de muestreo durante un trimestre, a razón de cuatro por mes.
Los análisis deberán contemplar dos puntos específicos: el efluente crudo que ingresa a la planta y el efluente tratado, una vez finalizada la etapa de desinfección y antes de su descarga. Por cada campaña, el organismo deberá emitir un informe de ensayo y, al finalizar el período, elaborar un informe técnico que reúna y analice los resultados obtenidos.
La primera extracción de muestras deberá concretarse dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la resolución. Tanto la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU) como la Comisión Administradora del Parque Industrial tendrán que comunicar inmediatamente al juzgado los resultados de los estudios.
Monitoreo diario en todas las empresas
La resolución a cargo del juez federal Hernán Viri, también establece que deberá garantizarse el funcionamiento efectivo del sistema de monitoreo diario de efluentes del Parque Industrial. Su supervisión estará a cargo de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, que tendrá libre acceso al sistema para verificar su cumplimiento.
Además, CODEGU y la Comisión Administradora deberán informar al juzgado, en un plazo de diez días, de qué manera y en qué fecha se implementará ese mecanismo en la totalidad de las empresas radicadas en el predio.
Si durante los controles se detectan incumplimientos de las exigencias previstas en la Ley Nacional 24.051 y su decreto reglamentario, o en la Ley Provincial 11.250, la Secretaría de Ambiente deberá comunicarlo inmediatamente a la Justicia Federal.
Un certificado ambiental sujeto a condiciones
Otro de los elementos considerados por el juzgado federal fue el Certificado Único Ambiental provisorio otorgado por la Secretaría de Ambiente provincial mediante la Resolución 594/2026, del 20 de octubre.
Ese permiso quedó condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos dentro de un plazo de 60 días hábiles. Entre ellos figura la actualización integral del Plan de Gestión Ambiental, con indicadores numéricos de eficiencia y remoción, la delimitación de la zona de mezcla mediante modelos de dispersión y el análisis de un escenario de bajante severa del río Gualeguaychú.
También se exige un acuerdo entre CODEGU, las empresas del Parque Industrial y la Secretaría de Ambiente para establecer controles internos de las descargas, mecanismos de balance de masas y capacidad de respuesta inmediata ante vuelcos anómalos. A esto se suma la presentación de un proyecto y un cronograma de obras para instalar una cámara de aforo y muestreo que permita la fiscalización estatal directa.
La Justicia ordenó que la Secretaría de Ambiente informe si el certificado fue renovado una vez vencido el plazo establecido y, en ese caso, bajo qué condiciones. También deberá comunicar al juzgado y a la Fiscalía Federal el estado de avance de los trámites administrativos.
La clausura: una amenaza que no cesa
Al fundamentar el cambio de medida, el juez consideró las inversiones y mejoras realizadas, el sistema de monitoreo incorporado y la obtención del certificado ambiental provisorio. También ponderó la postura del fiscal federal, que planteó la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con la continuidad de la actividad productiva.
Sobre esa base, entendió que correspondía sustituir la clausura por una medida menos restrictiva, sin desatender los riesgos que habían motivado el cierre de las instalaciones.
No obstante, la resolución establece expresamente que la planta podrá ser clausurada nuevamente si se constatan nuevos episodios de contaminación, incumplimientos de las condiciones impuestas o cualquier otra circunstancia que represente un riesgo para el ambiente o la salud humana.
De esta manera, la decisión judicial no supone el cierre de la investigación ni una declaración definitiva sobre la seguridad ambiental del funcionamiento de la planta. La continuidad de la actividad queda supeditada a un esquema de controles periódicos y supervisión estatal, cuyo cumplimiento será informado a la Justicia Federal.
FUENTE RADIO 2820
