Después de 12 años, el 3 de agosto comenzará el juicio en la causa ATER por presunta defraudación al Estado
El debate oral empezará el 3 de agosto y se extenderá hasta septiembre. Hay 31 imputados por una presunta maniobra que habría permitido borrar deudas tributarias mediante compensaciones irregulares durante una década.
Doce años después de que la denuncia en la Justicia formulada por el entonces director Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, tiene fecha de inicio del juicio: comenzará el 3 de agosto y se desarrollará durante más de un mes, con audiencias programadas hasta el 15 de septiembre, de acuerdo a la confirmación realizada por la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial.Se trata de uno de los procesos judiciales más extensos y complejos de la historia reciente de la provincia.
El Tribunal estará integrado por los jueces Alejandro Grippo, Mauricio Mayer y Juan Malvasio, quienes tendrán la responsabilidad de analizar un expediente que demandó más de una década de investigación, atravesó distintas etapas procesales y sobrevivió a múltiples recursos judiciales antes de llegar a esta instancia decisiva.
La causa, caratulada “María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión y otros s/ Defraudación a la Administración Pública” (Expediente Nº 5501), tiene su origen en una denuncia presentada en 2014 por quien entonces se desempeñaba como director Ejecutivo de ATER, Marcelo Casaretto.
El origen: una irregularidad que abrió la puerta a una investigación histórica
Todo comenzó cuando una anomalía detectada en un expediente correspondiente a un contribuyente de la ciudad de Victoria despertó sospechas dentro del organismo recaudador. Lo que inicialmente parecía un caso aislado terminó revelando un mecanismo mucho más amplio que, según la investigación judicial, habría funcionado durante aproximadamente diez años.
De acuerdo con la denuncia impulsada por Casaretto, empresarios, profesionales, empleados públicos y funcionarios habrían participado de un esquema mediante el cual se simulaban compensaciones tributarias inexistentes. El mecanismo consistía en hacer figurar a determinados contribuyentes como supuestos acreedores del Estado provincial, permitiéndoles compensar esas acreencias ficticias con impuestos adeudados.
Para concretar la maniobra, según la denuncia y la posterior investigación, empleados con acceso al sistema informático de ATER incorporaban resoluciones del Ministerio de Economía que nunca habían existido. Esas cargas permitían eliminar de manera irregular obligaciones tributarias, generando un perjuicio económico para las arcas provinciales.
La investigación interna confirmó que las irregularidades no se limitaban al caso detectado originalmente. El análisis de la documentación permitió reconstruir operaciones similares realizadas entre 2004 y 2014, atravesando distintas administraciones provinciales.
Frente a ese escenario, la conducción de ATER impulsó simultáneamente denuncias penales, sumarios administrativos contra empleados involucrados y procedimientos para reclamar el pago de los impuestos, intereses y multas a los contribuyentes beneficiados.
Una investigación de dimensiones inéditas
La magnitud del expediente quedó reflejada en los años siguientes.
-2017: en diciembre de ese año, la entonces jueza de Transición Marina Barbagelata dictó una resolución de más de 2.060 páginas mediante la cual resolvió la situación procesal de 180 personas investigadas.
De ese universo inicial, 128 fueron procesadas, mientras que otras fueron sobreseídas por distintas razones, entre ellas el bajo monto de las operaciones investigadas o la aplicación de institutos como la suspensión del juicio a prueba.
-2019: dos años después, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná confirmó los procesamientos de 61 acusados, rechazando los pedidos de falta de mérito y de sobreseimiento formulados por las defensas.
En esa resolución se sostuvo el criterio desarrollado durante la investigación y se avaló el trabajo realizado por la jueza instructora, respaldando además la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado.
Según se informó entonces, el perjuicio económico investigado ascendía a casi 46 millones de pesos a valores históricos, una cifra que, actualizada, representa un impacto significativamente mayor.
Del centenar de imputados a un juicio con 31 acusados
La complejidad de la investigación hizo que la cantidad de personas involucradas fuera reduciéndose con el avance del proceso.
En 2020, el Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de elevación a juicio, destacando que se trataba de un expediente sin antecedentes en Entre Ríos por la cantidad de personas investigadas.
Durante esos años, algunos imputados accedieron a probation, otros regularizaron su situación tributaria y posteriormente obtuvieron el sobreseimiento, mientras que varios fallecieron durante el desarrollo de la causa.
Finalmente, en abril de 2021, la jueza Marina Barbagelata dictó la resolución de elevación a juicio, dejando a 31 imputados en condiciones de afrontar el debate oral.
Las imputaciones comprenden distintos delitos vinculados con la presunta defraudación a la administración pública, adulteración de registros tributarios, simulación dolosa de pagos y hechos de cohecho, según el rol atribuido a cada uno de los acusados.
Un juicio con fuerte impacto institucional
La confirmación del cronograma de audiencias marca un punto de inflexión para una investigación que atravesó 12 años de actividad judicial. Más allá del resultado que finalmente adopte el Tribunal respecto de cada uno de los imputados, el debate oral permitirá reconstruir públicamente cómo habría funcionado el presunto mecanismo de compensaciones tributarias fraudulentas dentro del organismo encargado de la recaudación provincial.
Durante más de un mes desfilarán testigos, peritos, funcionarios y acusados en un proceso que buscará determinar si existió una organización destinada a borrar obligaciones tributarias mediante la utilización irregular de herramientas administrativas y sistemas informáticos del Estado.
El juicio oral no sólo pondrá a prueba la solidez de la acusación fiscal y las estrategias de las defensas. También constituirá una instancia de enorme relevancia institucional para esclarecer uno de los expedientes de corrupción administrativa más importantes que registra la historia judicial de Entre Ríos: una causa cuya investigación comenzó en 2014 y que, doce años después, finalmente tendrá su debate público.
El inicio del juicio oral representa el cierre de una extensa etapa de investigación y el comienzo del momento procesal en el que la prueba será expuesta públicamente ante el Tribunal. Marcelo Casaretto fue citado a declarar en carácter de denunciante y testigo, condición prevista por el sistema procesal penal entrerriano, donde el impulso de la acusación corresponde exclusivamente al Ministerio Público Fiscal. Su participación estará limitada a aportar la información vinculada con la denuncia original presentada en 2014 y responder las preguntas de fiscales, defensores y jueces durante el debate.
FUENTE: Análisis Digital
