Se aprobó el régimen de concesiones que habilita la privatización de las rutas provinciales
La Cámara Alta de Entre Ríos sancionó este martes la ley que habilita al gobierno provincial a realizar concesiones de obras, infraestructuras y servicios públicos.
El proyecto del Ejecutivo fue aprobado con los votos del Frente Juntos por Entre Ríos, mientras que el peronismo rechazó la norma al advertir que podría perjudicar a los usuarios y comprometer las finanzas provinciales.
La sesión especial fue el desenlace de una jornada cargada de negociaciones. Durante la tarde del martes, el gobierno tendió puentes hacia el bloque justicialista, pero el intento fue infructuoso: las modificaciones que reclamaba la oposición no encontraron eco en el oficialismo, que resolvió sostener el proyecto sin cambios.
El texto llegó al Senado con un largo recorrido a cuestas. Había ingresado a Diputados en julio de 2024 y recién fue aprobado allí el 17 de diciembre de 2025, tras tres reuniones de comisión que le permitieron al texto incorporar ajustes con respaldo opositor. En la Cámara alta, el camino fue más escarpado. La Comisión de Obra Pública, a cargo del peronista Juan Conti, no pudo sesionar la semana previa por problemas de salud de algunos de sus integrantes —un cuerpo de apenas cinco miembros donde cualquier ausencia traba el funcionamiento—. Sin dictamen y con el Ejecutivo apurando los tiempos por tener "operaciones diseñadas y en marcha que están a la espera de esta ley", el oficialismo no esperó más y convocó directamente a sesión especial.
Rubén Dal Molín (UCR)
El presidente del bloque del Frente Juntos por Entre Ríos, Rubén Dal Molín (UCR), tomó la palabra para defender el espíritu del proyecto como las formas del tratamiento. Sobre lo procedimental, reconoció que el trámite sin paso por comisión no es la regla, pero lo enmarcó dentro de una práctica que, según dijo, tiene antecedentes en gestiones anteriores de las que él mismo participó.
En cuanto al fondo de la cuestión, Dal Molín sostuvo que la norma viene a llenar un hueco normativo histórico. "Pese a que la provincia cuenta con algunos antecedentes normativos de muchos años, en verdad existe un vacío jurídico que limita claramente la capacidad del Estado provincial para impulsar proyectos y servicios esenciales que determinen o convengan la participación del sector privado", afirmó.
Para el senador oficialista, el nuevo marco apunta a que el Estado pueda "diseñar un marco legal claro, transparente y moderno destinado a regular de manera impecable los procesos de concesión, garantizando seguridad jurídica para todos los actores involucrados, pero sobre todo promoviendo la inversión y el desarrollo de esta provincia".
En el plano nacional, el senador radical destacó que el gobierno central emitió recientemente el decreto 256/2026, que delegó a varias provincias —Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz— la competencia de otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales. Entre Ríos no figuró en esa lista, y Dal Molín fue contundente al respecto: "Nosotros, sin esta Ley, no podemos". Agregó que la delegación "va a permitir una gestión más directa y más eficiente de la infraestructura vial" y que, mirando los últimos veinte años de política vial provincial —con las concesiones, la Ley de combustible y el fideicomiso eliminado—, "evidentemente, al menos en nuestra provincia, fue una política pública que no tuvo todo el éxito que merece".
"Queremos una ley que proteja al usuario"
Desde el peronismo, el presidente de la Comisión de Obra Pública, Juan Conti (Tala, PJ), lamentó la falta de debate y cuestionó las formas del tratamiento: "Me hubiera gustado tener más tiempo, más análisis, más debate, y también por ahí con la presencia de ministros, secretarios del Poder Ejecutivo para poder abordar con profundidad, seriedad este proyecto".
Juan Conti (Tala, PJ)
Conti subrayó que la oposición no rechaza en sí la participación privada en obras públicas: "Nadie está en contra de que se hagan obras, por el contrario. Pero queremos —el bloque nuestro en su mayoría— una ley que proteja al usuario, una ley que no comprometa las cuentas de nuestra provincia a futuro y una ley que no deje grandes responsabilidades al Estado". El senador peronista, docente de profesión, agregó un testimonio personal: "Uno que es docente y tuvo trece años viajando a dedo y en vehículo trasladándose en la ruta de nuestra provincia, uno quiere que la ruta esté bien, nadie está en contra de eso. Pero que quede claro que también queremos reglas claras, control real y justicia para el trabajador, el docente, el trabajador que diariamente se va a trasladar".
"No queremos un peaje por bacheo"
El senador Víctor Sanzberro (PJ, Victoria) fue el más enfático en detallar las objeciones técnicas del bloque opositor. Para él, el nudo del conflicto es claro: "Estamos tratando de habilitar el cobro de peajes en rutas existentes, incluso por la tarea de mera conservación o reparación".
Al respecto, explicó que la propuesta peronista era incorporar al texto legal una restricción expresa: que "solo se podrá percibir peaje respecto de concesiones viales sobre rutas provinciales nuevas o sobre rutas existentes cuando la concesión implique obras de ampliación, duplicación o mejora sustancial que incremente significativamente la capacidad o la seguridad de la vía". También reclamaba que el cobro del peaje "solo pueda iniciarse una vez que el concesionario haya ejecutado y certificado un porcentaje significativo de la obra comprometida".
El legislador peronista rechazó con dureza la posibilidad de cobrar peaje por tareas de mantenimiento básico: "Si no vamos a concesionar, el concesionario te tapa dos pozos, hace una línea y te cobra peaje. Eso dice este proyecto y eso es lo que nosotros queremos corregir".
Sanzberro también cuestionó la superposición de tributos que recaería sobre los conductores: "No puede estar pagando impuesto a los combustibles si voy por la ruta nacional, o impuesto automotor si voy por la ruta provincial, y después me fajan el peaje". Y aclaró que la postura del bloque no es de oposición ideológica a la inversión privada: "No estamos en contra de ninguna inversión privada, al contrario. Pero pretendemos que este proyecto garantice cosas".
FUENTE: AIM DIGITAL
